La crisis sanitaria causada por el SARS-CoV-2 ha originado un esfuerzo investigador mundial sin precedentes para encontrar cuanto antes una solución terapéutica. Apenas tres meses después de conocerse los primeros datos sobre el virus, ya hay en marcha cerca de mil ensayos clínicos sobre la enfermedad, más de 130 medicamentos están en fase de pruebas y hay más de 100 proyectos de vacunas en ensayos. Esta carrera científica no habría sido posible sin la existencia durante años de un marco regulatorio predecible, basado en las leyes de propiedad industrial y en la existencia de patentes a nivel mundial para proteger la innovación.

El director general de la Federación Internacional de la Industria Farmaceutica (Ifpma), Thomas Cueni, ha  asegurado que “las patentes, y la propiedad intelectual en general, son la razón principal por la que existe una base de innovación tan sólida desde la cual trabajar para encontrar soluciones”. A pesar de la gran cantidad de proyectos de investigación en marcha, añade, “no hay garantía de éxito, ya que pocos tratamientos e incluso menos vacunas pueden resultar seguros y efectivos. Este nivel de toma de riesgos sería imposible sin un floreciente ecosistema de innovación basado en los incentivos de la propiedad intelectual”.

El director general del Ifpma añade que poner en duda ahora el marco de propiedad industrial “crearía incertidumbre y enviaría un mensaje equivocado a las compañías farmacéuticas que se han arriesgado en grandes inversiones para reutilizar medicamentos para el tratamiento de pacientes con Covid-19 y ampliar la fabricación. La propiedad intelectual no es un obstáculo, sino una ayuda para terminar con la infección por Covid-19”.

Cueni también recuerda que la industria farmacéutica se comprometió desde el inicio de la crisis sanitaria, además de a garantizar el suministro de todos los medicamentos, a que habrá una distribución equitativa de los tratamientos eficaces cuando estos estén disponibles y a hacerlo a un precio asequible. Así lo reafirmó la propia Ifpma al unirse como socio fundador a la alianza mundial liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), denominada ACT Accelerator.

Para la industria farmacéutica, el conjunto de medidas de protección de la propiedad industrial ofrece garantías a las compañías que investigan y desarrollan nuevos medicamentos de que si uno de sus fármacos innovadores es finalmente aprobado y llega a los pacientes, contará con un plazo temporal adecuado para tratar de recuperar la inversión realizada y generar recursos que puedan ser reinvertidos en nuevos proyectos de I+D biomédica.