55 sociedades científicas han firmado un manifiesto demandando a las administraciones españolas una respuesta al Covid-19 “coordinada, equitativa y basada en la evidencia científica”. La presentación de este documento, se ha producido en la clausura del I Congreso Nacional COVID-19, que durante siete días ha acogido la puesta en común de todo el conocimiento científico acumulado sobre la pandemia en España a lo largo de estos últimos seis meses.

El objetivo de este manifiesto, detrás del cual están los 171.656 profesionales sanitarios representados por estas 55 sociedades científicas, es ofrecer a las autoridades sanitarias y la opinión pública españoles un documento de reflexión para “mejorar la gestión de la pandemia en nuestro país”, a través de doce recomendaciones o pautas de actuación que van desde la necesidad de guiar la toma de decisiones por “criterios estrictamente sanitarios, basados en la mejor evidencia científica disponible, y desligados de cualquier otro interés que no atienda al interés general de la población” hasta “garantizar la coordinación territorial” y “una protocolización nacional de mínimos”, pasando por el rechazo a la discriminación de edad y de cualquier otro tipo en “el acceso equitativo de la ciudadanía a los recursos sanitarios, preventivos y terapéuticos más adecuados que requiera su situación clínica”.

El documento comienza solicitando a “todas las personas e instituciones que tienen responsabilidades políticas en la gestión de la pandemia, que tanto en la expresión pública de su posicionamiento como en la toma de decisiones se guíen por criterios estrictamente sanitarios”, subrayando que la pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de que “la ciencia juegue un papel más relevante en la esfera pública” y de que se establezcan procedimientos entre la comunidad científica y los centros de decisión política para garantizar que “las medidas y estrategias adoptadas responden a la mejor evidencia”.

Asimismo, y hasta que haya vacunas o fármacos seguros y eficaces para la prevención o el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, subrayan que “las medidas no farmacológicas de salud pública son el pilar de control de la pandemia”, por lo que piden que se dote a los organismos gestores de la crisis, en cualquiera de los niveles de organización del país, de “las herramientas legales, técnicas y administrativas necesarias para implementar medidas de Salud Pública de forma rápida”, estableciéndose todas las modificaciones legales y administrativas necesarias para ello.

Las sociedades científicas firmantes demandan asimismo un protocolo nacional de mínimos que, sin perjuicio las oportunas diferencias territoriales, marque los principios de actuación en aspectos como “las medidas generales de prevención, el manejo de los pacientes infectados, las estrategias de rastreo de los contactos y la gestión de los centros socio-sanitarios, con criterios comunes de actuación e indicadores comunes de evaluación”.

El manifiesto subraya el mayor impacto clínico y mortalidad de la primera oleada de Covid-19 en las personas de mayor edad y exige que para esta segunda ola se garantice, con criterios de equidad, y sin discriminación, “el acceso de toda la ciudadanía a los recursos sanitarios, preventivos y terapéuticos más adecuados que requiera su situación clínica y con independencia de la edad de las personas, de su nivel cultural o socio-económico, o de su lugar de residencia”. Asimismo, señala, que es “de vital importancia minimizar el impacto de la pandemia en la atención sanitaria de pacientes con otras patologías graves y problemas de salud”.

No solo a las autoridades sanitarias se dirige el manifiesto, sino también a los ciudadanos, a los que conmina a cumplir con “las normas y recomendaciones que en materia de prevención sean emitidas por las autoridades sanitarias”.  El Manifiesto también apela a los medios de comunicación y líderes de opinión, a los que pide su “compromiso e implicación en la lucha contra la desinformación, la generación de falsas noticias y campañas negacionistas” y para que, cuando llegue el momento, “incidan en la importancia de la vacunación”.

Finalmente, los firmantes de este documento acaban demandando el diseño y sobre todo la puesta en marcha de planes estratégicos para el desarrollo de la ciencia y la investigación, y se lamentan de que “en nuestro país los recursos destinados a investigación son muy inferiores a los de países de nuestro entorno”.