Las restricciones que imperaban antes de la declaración del último estado de alarma, como acotar horarios a la hostelería y establecimientos comerciales, el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle sin distancia de seguridad volverán a estar vigentes a partir del 9 de mayo, cuando está previsto que decaiga el estado de alarma. 

Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, insistiendo una vez más en que el estado de alarma, conforme aparece regulado en la Constitución Española, está previsto "para situaciones excepcionales, no para que permanezca sine die en el tiempo".

Así, las comunidades autónomas deben decidir ahora si implantan nuevas medidas con las que puedan controlar el virus y con las que terminarán de diseñar sus planes hacia la normalidad. Casi todas las autonomías son partidarias de tomar medidas para evitar que la relajación de las restricciones implique un aumento de contagios cuando el proceso de vacunación no está extendido aun a todos los grupos de población. Otras, como es el caso de Cataluña y Madrid no son partidarias del cierre perimetral, pero pretenden mantener algunas restricciones como el toque de queda.

Para evitar que se repita la disparidad de resoluciones judiciales del verano pasado, el Ejecutivo ha aprobado un real decreto-ley que permitirá a las autonomías recurrir al Tribunal Supremo cuando sus medidas sean denegadas por los tribunales superiores de justicia.

Aunque el Gobierno repite una y otra vez que "las comunidades disponen de herramientas en la legislación ordinaria para controlar el virus", las voces críticas desde la política y el propio sector judicial no se han hecho esperar. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por pretender que "el Tribunal Supremo legisle", al decidir que sea este el que tenga la última palabra sobre las restricciones que adopten las autonomías para luchar contra la pandemia. 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, César Tolosa, que ha criticado el "déficit importante que existe en la legislación sanitaria de urgencia" y a su juicio, que los jueces dictaminen antes de su implantación qué medidas son las adecuadas "no es el mejor sistema: los jueces no estamos para gobernar", ha asegurado.

Avance de la vacunación

Uno de cada cuatro ciudadanos de la Union Europea (UE) ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por tanto, Europa ve con optimismo el objetivo de tener inmunizados al 70% de los adultos a finales de julio, según ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hasta el momento, el 25,1% de la población de la UE, de 446 millones de personas, ha recibido al menos una inyección de vacuna.

En España, tras el récord de la pasada semana de 2.414.667 pinchazos, el más alto de la campaña, continúa la vacunación con la vista ya puesta en los menores de 60 años. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, de las 21.109.635 dosis que ha recibido España hasta la fecha, se han inoculado 17.430.810, el 82,6 % del total. España se aproxima al máximo semanal previsto por el Gobierno, cifrado en 3 millones de vacunas a la semana. En el grupo más vulnerable, el de las personas mayores de 80 años, el 93,3 % cuenta con la inmunidad que otorga la pauta vacunal completa, es decir prácticamente todo este colectivo está inmunizado.