La cifra global de facturas pendientes de cobro (FPC) de las Comunidades Autónomas con las compañías de tecnología sanitaria durante el tercer trimestre de 2020 se sitúa en 1.166 millones de euros, lo que supone un aumento del 26,6% respecto al primer semestre de este año. Además, el período medio de pago se sitúa en 92 días, cinco días más que el semestre anterior. Según reflejan los datos del Observatorio de Deuda de la Federación, el 88% de las facturas pendientes de cobro corresponden al ejercicio 2020 y el 12% restante al de 2019 y anteriores.

Las Comunidades Autónomas de Castilla y León (58 días), País Vasco (52 días), La Rioja (45 días), Galicia (44 días) y Navarra, con 41 días, se sitúan por debajo de los 60 días de pago. Por otra parte, Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla, Extremadura, Asturias, Cantabria, Aragón, Baleares y Cataluña se sitúan entre los 60 y los 120 días. Madrid, se sitúa en 126 días y Valencia con 162 días.

400 millones para renovación tecnológica

Durante el pasado año, la inversión destinada a la renovación de tecnología sanitaria en los hospitales, tanto públicos como privados, continuó siendo insuficiente, a pesar de las iniciativas de algunas Comunidades Autónomas para corregirlo. Tal y como pone de manifiesto el Estudio de Mercado Sector Tecnología y Sistemas de Información Clínica 2019 elaborado por Fenin "la inversión en renovación de tecnología sanitaria se centró en el mercado de reposición muy por debajo de la tasa de renovación sostenible recomendado para poder enderezar el perfil de actualización tecnológica impidiendo corregir el nivel de obsolescencia y manteniendo el déficit tecnológico del sistema sanitario". 

En este sentido, David García, presidente del sector de Tecnología y Sistema de Información Clínica de Fenin, ha explicado que “es necesario que se plantee un plan de inversión urgente porque si la situación ya es crítica puede serlo aún más en una situación de alto impacto como la que estamos viviendo. Es muy urgente aplicar medidas económicas para paliar el déficit en equipamiento tecnológico y reducir la obsolescencia actual, con una inversión mínima de 400 millones de euros anuales adicionales en los próximos 4 años en equipamientos que mejoren la calidad asistencial”.