El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó por unanimidad rechazar el recurso presentado por el Consejo de Ministros contra el artículo uno del Decreto Ley aprobado por la Junta de Andalucía en diciembre de 2011. Este recurso se presentó frente a la prestación farmacéutica del sistema sanitario público, que regulaban en Andalucía a través de la selección pública de medicamentos, más conocidas como subastas de medicamentos.

El Gobierno central consideraba que las subastas de medicamentos de Andalucía vulneraban las competencias estatales en materia de legislación farmacéutica, ya que consideraba que la comunidad autónoma carecía de las competencias necesarias para establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos, y en materia de sanidad al modificar la cartera de servicios establecida con carácter básico por el Estado. Hasta ahora el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha convocado diez subastas de medicamentos.

"A los farmacéuticos no nos gusta la subasta, aceptamos y acatamos la ley, como la hemos venido acatando hasta el momento".

Según ha informado la Junta de Andalucía, estos procesos han supuesto un ahorro acumulado de alrededor de 413 millones de euros. Aquilino Alonso, consejero andaluz de salud, ha declarado: "algo más de 413 millones lo que hemos dejado de gastar", y "este año aproximadamente estaremos en torno a 150 millones de euros lo que nos ahorramos". A lo que añadió que la sentencia del TC "viene a avalar que lo que dijimos en un principio es una realidad", por lo que "lo que hacíamos es plenamente constitucional y lo que hace es favorecer a los ciudadanos andaluces porque lo que dejamos de gastar con la selección pública de medicamentos lo podíamos emplear en asistencia sanitaria".

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, hizo referencia al principal problema que generan las subastas de medicamentos andaluzas, el desabastecimiento, y ha señalado que "convierte a los andaluces en pacientes de segunda", a lo que añadió "reduce la calidad de la prestación farmacéutica, dificulta la adherencia a los tratamientos y genera inequidades en el Sistema Nacional de Salud".

"Los farmacéuticos andaluces están un poco agraviados respecto a la situación del resto del país".

Por su parte el Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos (Cacof) y la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa) señalaron que acatarán la sentencia pero que no la comparten. Antonio Mingorance, presidente de Cacof destacó: "A los farmacéuticos no nos gusta la subasta, aceptamos y acatamos la ley, como la hemos venido acatando hasta el momento". Y ha añadido que los farmacéuticos andaluces están "un poco agraviados respecto a la situación del resto del país", pero cree que "la autoridad sanitaria lo tendrá en consideración y tratará de compensar en alguna medida este sistema a las farmacias andaluzas".