Desde que comenzara la pandemia, el tejido empresarial español de material sanitario ha estado viviendo una serie de situaciones excepcionales que nada tienen que ver con el número de contagios o la incidencia por la Covid-19 en la población, pero sí con las medidas de protección necesarias para afrontar esta complicada situación.

Poniendo en el punto de mira marzo de 2020, momento en el que no había empresas en España que se dedicaran a la fabricación de mascarillas, batas o equipos de protección individual, el país se vio sumido en una auténtica crisis de abastecimiento de este tipo de productos.

Con el objetivo de suplir los problemas de stock en España, muchos empresarios invirtieron sus esfuerzos y ahorros en la puesta en marcha de empresas que abastecieran de esos productos a toda la población en general y sanitarios en especial.

Así, la administración se vio obligada a recurrir al exterior para la compra de estos bienes que se habían convertido de primera necesidad tanto para sanitarios como para la población general. Muchos de estos artículos se presentaban como defectuosos, no cumplían los estándares de calidad necesarios o incluso no estaban fabricados con telas homologadas para su fin.

Con el objetivo de suplir los problemas de stock en España, muchos empresarios invirtieron sus esfuerzos y ahorros en la puesta en marcha de empresas que abastecieran de esos productos a toda la población en general y sanitarios en especial.

Ahora, todos estos fabricantes se encuentran con un gran obstáculo para acceder a las adjudicaciones públicas debido a la competencia desleal que existe por parte de los productos importados del exterior de la Unión Europea.

Actualmente, los requisitos de adjudicación están basados en el artículo 145 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, cuyo objetivo está fundamentado en mejorar la seguridad jurídica, facilitando los trámites y, en especial, imponer una menor burocracia para los licitadores y un mejor acceso para las pymes.

Todos estos fabricantes se encuentran con un gran obstáculo para acceder a las adjudicaciones públicas.

En esta línea, las adjudicaturas están tan simplificadas que el único requisito establecido es el precio de los productos. Como consecuencia, los fabricantes españoles se quedan atrás ante los precios de los productos importados del continente asiático debido a que en nuestro país los costes son más elevados.

Con ello, existe la necesidad de incluir criterios como aspectos ambientales, entre los que se encuentra la compra de cercanía o el empleo de energías renovables; sociales, como la protección de la salud y seguridad en el trabajo, además de otros entre los que se encuentran la calidad, la innovación técnica, cualificación del personal para una mejor ejecución e, incluso, el servicio postventa.

Ley 9/2017 debería ser reformada para que se apliquen todos los objetivos que la motivaron, en especial los relativos a la materia social, medioambiental y de innovación y desarrollo. Estos parámetros son los que deberían tener una incidencia importante a la hora de conceder el suministro facilitando, así, los criterios objetivos bajo los que deben actuar las administraciones.

Es necesaria la toma de medidas de cara a defender el producto nacional frente al importado para garantizar la supervivencia del sector.

La industria de empresas dedicadas a la fabricación de material sanitario se encuentra en una situación crítica. Es necesaria la toma de medidas de cara a defender el producto nacional frente al importado para garantizar la supervivencia del sector. De esta manera, también se aseguraría que el consumidor final recibe productos idóneos y de calidad que cumplen las condiciones que requiere la normativa sobre salud pública.