Las mascarillas se han convertido en un accesorio imprescindible en nuestro día a día desde hace unos meses y lo seguirán siendo durante mucho más tiempo. Tras el fin del confinamiento y la llegada de la nueva normanlidad, los 17 Gobiernos autonómicos están creando su propia legislación respecto al uso de la mascarilla. En este momento, con más de 100 rebrotes repartidos a lo largo y ancho de nuestra geografía, ya son 12 las comunidades autónomas que han decidido imponer su obligatoriedad a los ciudadanos.

Cataluña, Baleares, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Andalucía y País Vasco, que lo estipuló el 8 de julio para la localidad de Ordizia como respuesta al brote que hubo. Desde este martes también Aragón y a lo largo de la semana se sumarán Asturias, Cantabria y Navarra.

Regulación normativa

Tras el debate de si realmente funcionaban o no durante el confinamiento, el pasado 21 de mayo entró en vigor, a través de su publicación en el BOE, la orden SND/422/2020 que regula el uso obligatorio de mascarilla. Según la normativa, "el uso generalizado de mascarillas por parte de la población general para reducir la transmisión comunitaria del SARS-CoV2 está justificado no solo por su alta transmisibilidad, sino también por la capacidad que han demostrado las mascarillas para bloquear la emisión de gotas infectadas, muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad".

La orden disponía la obligatoriedad "en personas de seis años en adelante en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros, siendo recomendable su uso para la población infantil de entre tres y cinco años". Y se establecían unas excepciones, que incluían a las personas "que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla y a aquellas cuyo uso se encuentre contraindicado por motivos de salud o discapacidad".

En todas las comunidades donde finalmente se haga obligatorio su uso, habrá que llevar puesta la mascarilla en parques, piscinas, centros de trabajo y terrazas, entre otros espacios. Y quienes incumplan la norma podrán enfrentarse a multas leves, pero también a sanciones de hasta 6.000 euros en función del riesgo que hayan ocasionado a la salud pública.

En todo caso, la mascarilla es imprescindible, pero supone un coste adicional para los consumidores. Según los cálculos de OCU, el coste mensual en mascarillas para una familia cuatro miembros sería de entre 70 y 150 euros; y exigen su gratuidad total, al menos para las familias más vulnerables.